Santo Domingo. – El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó este viernes al Ministerio Público a presentar de forma resumida su acusación contra los imputados en el Caso Calamar, que investiga una presunta red de corrupción administrativa. Así lo informó la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Sin embargo, la audiencia preliminar fue aplazada debido a la recusación de la jueza Altagracia Ramírez, presentada por las defensas de tres de los procesados. Según explicó Ortiz, la magistrada advirtió que tales maniobras podrían constituir “litigio temerario” y alertó sobre el uso de tácticas dilatorias, como lo establece el Código Procesal Penal.
La recusación fue encabezada por la defensa del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien ya habría recurrido previamente a este tipo de estrategia. A esta acción se sumaron las defensas del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
“La jueza, amparándose en los artículos 300 y 318 del Código Procesal Penal y en el principio de celeridad y razonabilidad de los procesos, autorizó la presentación resumida de la acusación”, indicó Ortiz tras concluir la audiencia.
Como consecuencia de la recusación, la jueza remitió el expediente a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, suspendiendo la audiencia preliminar hasta el próximo 2 de mayo.
Acusaciones del Caso Calamar
En el expediente de Operación Calamar, el Ministerio Público acusa a 20 personas de sustraer más de 19 mil millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos relacionados con la campaña electoral de 2020.
Entre los imputados, además de Castillo, Guerrero y Peralta, figuran el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Los cargos incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campañas y lavado de activos, entre otros delitos.
