Washington/Kigali. – El gobierno de Ruanda confirmó este lunes que mantiene negociaciones preliminares con Estados Unidos para recibir migrantes deportados desde terceros países, una medida que podría transformar al país africano en una pieza clave de la política migratoria de Donald Trump.
El ministro de Relaciones Exteriores ruandés, Olivier Nduhungirehe, afirmó que el diálogo con Washington forma parte del compromiso de Kigali de aportar “soluciones humanitarias” a la crisis migratoria global. Sin embargo, no se han divulgado detalles concretos del posible acuerdo.
La Casa Blanca tampoco ha confirmado públicamente los términos del pacto, aunque un portavoz del Departamento de Estado señaló que “fortalecer alianzas internacionales es fundamental para combatir la migración irregular”.
Una fórmula conocida
El acercamiento entre Ruanda y EE. UU. recuerda al fallido acuerdo entre Kigali y el Reino Unido firmado en 2022, que buscaba trasladar a ese país africano a solicitantes de asilo. A pesar de haber costado más de 900 millones de dólares, la iniciativa fue anulada en 2023 por el gobierno laborista británico sin haberse concretado un solo vuelo.
Ahora, la administración de Trump explora un enfoque similar. Según analistas, la estrategia busca externalizar las fronteras estadounidenses y acelerar deportaciones, minimizando el riesgo de litigios dentro del país.
Ruanda, ¿nuevo centro migratorio?
Ruanda ya tiene experiencia en este tipo de acuerdos. Desde 2019 mantiene un convenio con ACNUR para albergar temporalmente a refugiados evacuados de Libia. Su centro de tránsito en las afueras de Kigali ha acogido a más de 2.400 personas, y el gobierno asegura que puede financiar su estancia y reintegración durante cinco años.
Medios locales reportan que en las conversaciones con EE. UU. se han discutido estipendios para migrantes y programas de inserción laboral, financiados por Washington. Aún no se conoce si se utilizarán instalaciones existentes o si se construirán nuevos centros.
Cuestionamientos por derechos humanos
Pese a su narrativa oficial de orden y estabilidad, la imagen internacional de Ruanda está marcada por graves denuncias de represión, asesinatos extrajudiciales y persecución de opositores en el exilio. Naciones Unidas también ha acusado al gobierno ruandés de apoyar militarmente a grupos rebeldes en el este de la República Democrática del Congo, lo que ha derivado en sanciones y suspensiones de ayuda internacional.
Uno de los casos más polémicos fue el del ciudadano estadounidense Paul Rusesabagina, secuestrado en Dubái y trasladado a Kigali sin proceso judicial, lo que generó tensiones con Washington.
Parte de una estrategia más amplia
Este nuevo posible acuerdo se inscribe en una política más agresiva de la administración Trump para externalizar sus fronteras. En marzo pasado, más de 200 presuntos pandilleros venezolanos fueron trasladados a El Salvador mediante acuerdos bilaterales, sin garantías plenas de debido proceso, según denunciaron sus abogados.
Para expertos en derechos migratorios, la estrategia consiste en utilizar a terceros países como “zonas grises” para evadir la legislación estadounidense y acelerar deportaciones, reduciendo así los costos políticos internos.
