Puerto Príncipe.– La vida de muchos haitianos residentes en República Dominicana corre peligro debido al temor a ser deportados si acuden a hospitales, denunció la organización Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR), que acusa al país caribeño de violar el protocolo bilateral de repatriación.
En entrevista con la agencia EFE, la coordinadora del GARR, Katia Bonté, afirmó que esta situación afecta gravemente a mujeres embarazadas, menores no acompañados y trabajadores que llevan décadas residiendo en territorio dominicano. Según la ONG, tan solo en marzo de este año, 17.390 haitianos fueron repatriados, 9.782 rechazados en la frontera y 18.147 regresaron voluntariamente a Haití.
“Hay una caza de mujeres embarazadas; muchas dan a luz en la calle, lo cual es una violación flagrante de sus derechos humanos”, subrayó Bonté, quien reveló que 77 embarazadas fueron devueltas en marzo y 342 menores no acompañados también fueron repatriados durante ese mes.
GARR señala como especialmente preocupante la implementación de un protocolo hospitalario en República Dominicana que exige documentos de identidad, carta de trabajo y prueba de domicilio a los pacientes. Quienes no cumplen con estos requisitos reciben atención médica, pero luego son deportados.
“Algunas mujeres incluso son separadas de sus bebés tras el parto”, denunció Bonté, al tiempo que afirmó que las deportaciones se realizan sin respetar el protocolo de 1996, el cual estipula que los migrantes deben tener tiempo para recoger sus pertenencias antes de ser expulsados.
Frontera bajo presión
La ciudad haitiana de Belladère, donde el GARR tiene un centro de acogida, es actualmente el principal punto de entrada de deportados. Sin embargo, desde marzo está siendo afectada por la violencia de bandas armadas, lo que ha impedido el regreso de los migrantes a sus comunidades y ha interrumpido el suministro de alimentos y medicinas.
“Estamos desbordados. A veces recibimos entre 200 y 250 personas en un espacio diseñado para 60. No tenemos recursos suficientes y el Estado está ausente”, alertó Bonté, quien también denunció que las autoridades haitianas no se han puesto en contacto con la organización para coordinar una respuesta.
GARR pide al Gobierno haitiano que cree las condiciones para que sus ciudadanos puedan vivir dignamente en su país y solicita el inicio urgente de un diálogo con las autoridades dominicanas. La ONG propone una moratoria para ciertas categorías vulnerables como niños, mujeres, personas mayores y recién nacidos.
La situación humanitaria en la frontera continúa deteriorándose mientras la migración forzada y las deportaciones masivas ponen a miles de vidas en riesgo.
