Santo Domingo.– El exministro de Salud Pública y dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Bautista Rojas Gómez, expresó su rechazo este lunes ante la deportación de mujeres embarazadas en situación migratoria irregular en la República Dominicana.
Llamado a la humanización de las políticas migratorias
Durante sus declaraciones, Rojas Gómez enfatizó que se trata de un asunto humanitario, destacando el sufrimiento y el temor que enfrentan las mujeres embarazadas que podrían ser deportadas inmediatamente después de dar a luz. “No quisiera que ninguna dominicana en Nueva York, Miami, Madrid, París o Ginebra tenga que quedarse en su casa por miedo a ser deportada tras una cesárea o un parto. Eso es inaceptable desde todo punto de vista humano”, afirmó el exministro.
Defensa del derecho a la salud
Rojas Gómez recordó que la salud es un derecho humano fundamental reconocido por tratados internacionales, y advirtió que la República Dominicana no puede actuar como cómplice de políticas que violen este principio. Señaló que el derecho a la salud debe prevalecer, y no debe convertirse en un pretexto para reprimir a migrantes.
“Este drama humano hay que resolverlo. No se puede permitir que una mujer tenga que soportar dolores en condiciones indignas, sin atención médica, por miedo a ser expulsada”, agregó el exfuncionario en una entrevista en el programa Uno Más Uno.
Propuesta de protocolo humanitario
Rojas Gómez sugirió que el país implemente un protocolo más humano para asegurar que las mujeres embarazadas en situación migratoria irregular reciban atención médica adecuada sin temer a la deportación inmediata. Recordó que, en su mayoría, los migrantes en situación irregular se atienden en centros de salud primaria, y que los esfuerzos deben estar dirigidos a garantizar la atención médica sin perjudicar su seguridad y bienestar.
Conclusión
El exministro insistió en que la dignidad humana y el derecho a la vida deben prevalecer sobre cualquier otra consideración migratoria, subrayando que la salud no debe ser utilizada como una herramienta de represión. “Es un derecho humano inalienable”, concluyó.
