Santo Domingo.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, recibió este viernes la Declaración de Santo Domingo, al concluir la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, consolidando al país como un referente regional en materia de diálogo y cooperación judicial.
La ceremonia de clausura contó con la participación de representantes de 23 países, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de una justicia independiente, accesible y centrada en la dignidad humana, principios que guían los acuerdos plasmados en el documento entregado al mandatario.
Un compromiso regional por una justicia transformadora
La entrega formal del documento fue realizada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina Peña, en representación de todos los titulares de los poderes judiciales de los países iberoamericanos participantes.
Entre los ejes fundamentales contemplados en la Declaración de Santo Domingo, destacan:
-
Incorporación de valores axiológicos en la planificación judicial estratégica.
-
Actualización del mapa judicial iberoamericano.
-
Impulso a la innovación y digitalización de la justicia.
-
Respuesta institucional al impacto de la inteligencia artificial.
-
Fomento de la cooperación solidaria entre naciones.
-
Promoción de la igualdad de género y la protección de los derechos ambientales.
-
Fortalecimiento de la formación y capacitación judicial continua.
Una hoja de ruta para el futuro judicial de Iberoamérica
La Declaración plantea una visión integral para garantizar una justicia más cercana a la ciudadanía, ética y adaptada a los desafíos contemporáneos, incluyendo los riesgos que enfrentan las democracias y las instituciones en la región.
“Es también una promesa de que los poderes judiciales de Iberoamérica trabajarán sin descanso para garantizar una justicia que responda a las necesidades de las personas, respete la libertad, proteja la igualdad, promueva la equidad procesal y sustantiva, fomente la solidaridad y honre la dignidad de cada persona”, expresa el documento.
Los firmantes afirman que la justicia debe ser una herramienta de cambio social y ambiental, orientada a consolidar poderes judiciales modernos, éticos y con visión de futuro, capaces de generar confianza y garantizar los derechos de las generaciones presentes y venideras.
Países firmantes
La Declaración de Santo Domingo fue firmada por representantes judiciales de:
Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y la República Dominicana como país anfitrión.
La celebración de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana en suelo dominicano posiciona al país como un actor clave en el impulso de una justicia innovadora y humanista, alineada con los principios democráticos y de respeto a los derechos fundamentales en la región.
