Santo Domingo.– En una nueva jornada de lucha contra la ilegalidad en el sector de juegos de azar, el Ministerio de Hacienda, a través de su Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA), procedió este viernes a la destrucción de 1,556 equipos utilizados en la venta y operación ilegal de loterías y apuestas en todo el territorio nacional.
Entre los dispositivos destruidos se encuentran 608 máquinas tragamonedas, 224 impresoras, 301 monitores, 202 routers, además de 15 CPUs, 17 verifones, cinco televisores y otros equipos electrónicos, todos decomisados por estar operando sin las autorizaciones correspondientes en colmados, billares, bancas deportivas y otros locales no regulados.
Los decomisos fueron el resultado de intensos operativos realizados durante el primer cuatrimestre del año por la DCJA en distintas regiones del país, en respuesta a denuncias ciudadanas y labores de fiscalización programadas.
Compromiso con la legalidad y la protección social
El subdirector de Casinos y Juegos de Azar, Manuel Rondón, destacó que la destrucción de estos equipos ilegales representa un paso firme en la erradicación de prácticas que atentan contra la formalidad del sector y la protección de los ciudadanos, especialmente de los menores de edad.
“Con estos operativos reafirmamos nuestro mandato de impedir la exposición de menores de edad a máquinas de apuestas y de proteger a quienes operan de manera legal y cumplen con sus obligaciones fiscales. Garantizamos así un entorno de juego seguro, responsable y legítimo”, expresó Rondón.
Asimismo, advirtió que los operativos continuarán en todo el país, como parte de una estrategia integral de fiscalización y control del sector de juegos de azar.
Transparencia y vigilancia constante
El Ministerio de Hacienda reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de los intereses de la sociedad dominicana en lo relativo a la operación de juegos de azar. Las acciones de decomiso y destrucción de equipos ilegales se mantendrán de forma constante como medida disuasiva y correctiva.
Con esta iniciativa, el Estado reafirma su respaldo a los operadores formales y su determinación de eliminar la competencia desleal, prevenir el lavado de activos y salvaguardar a los sectores más vulnerables de los efectos negativos de la ilegalidad en los juegos de azar.
