Washington, D.C. – A finales de marzo comenzaron a llegar a las bandejas de entrada avisos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. que ordenaban la salida inmediata del país. La sorpresa no solo fue su carácter repentino y sin previo aviso, sino el hecho de que algunos de los destinatarios eran ciudadanos estadounidenses.
Uno de ellos fue Hubert Montoya, abogado de inmigración en Austin, Texas, quien recibió un correo electrónico en el que se le advertía que debía abandonar Estados Unidos de inmediato o enfrentar las consecuencias de una posible deportación. “Simplemente, pensé que era absurdo”, comentó Montoya. Su caso no fue aislado.
Los mensajes provenían de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) como parte de la revocación discreta de permisos temporales otorgados a través de la aplicación CBP One, la cual desde enero de 2023 ha permitido la entrada legal de más de 900,000 personas por la frontera sur.
Fallos y falta de transparencia
A diferencia de otras políticas migratorias —como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o los permisos humanitarios para personas de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela—, esta revocación no fue anunciada públicamente ni acompañada por avisos oficiales. La falta de información generó confusión, temor y desinformación entre los beneficiarios.
Algunos avisos daban un plazo de siete días para salir del país; otros exigían la salida inmediata. Entre los receptores figuraban también abogados de inmigración, como Timothy J. Brenner, ciudadano estadounidense residente en Houston, quien expresó preocupación por lo que podría interpretarse como un intento de intimidación. “Me preocupó que el gobierno tenga una lista de abogados de inmigración o una base de datos que estén tratando de usar para acosar”, señaló.
La CBP reconoció que los avisos podrían haber sido enviados erróneamente a destinatarios no intencionados, como ciudadanos o abogados que figuraban como contactos de solicitantes. La agencia afirmó estar abordando estos errores caso por caso.
Incertidumbre para miles
La incertidumbre se extiende a cientos de miles de personas que llegaron legalmente al país mediante CBP One y que creían tener al menos dos años de permanencia asegurada. Para algunos, como María, una nicaragüense de 48 años residente en Florida, el aviso fue devastador. “Me paralizó. Cayó como una bomba”, expresó.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes denuncian la falta de claridad y el impacto psicológico de estos mensajes. “Estamos recibiendo reportes de abogados y personas que no saben qué hacer con el aviso”, indicó Hillary Li, abogada del Justice Action Center.
La confusión se amplifica en grupos comunitarios en línea, donde circulan capturas de pantalla de los avisos, generando rumores e incertidumbre sobre quién será el próximo afectado.
Posibles recursos legales
Abogados especializados señalan que algunos destinatarios todavía se encuentran dentro del plazo legal de un año para solicitar asilo, lo que abre la puerta a otros mecanismos de protección. Además, un juez federal en Massachusetts ha detenido temporalmente las deportaciones de más de 500,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ingresaron al país desde finales de 2022 con patrocinio financiero.
No obstante, la cancelación masiva y la ausencia de información oficial detallada dejan en evidencia los riesgos de políticas migratorias implementadas sin coordinación ni transparencia.
