SANTIAGO, R.D. – El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra el militar Francis Guzmán Martínez, vinculado a una red transnacional de tráfico ilícito de migrantes haitianos, en un caso que provocó la muerte de 13 personas, incluidos dos niños menores de cinco años.
La instancia fue depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, que conocerá la audiencia de medida de coerción este martes 29 de abril.
Guzmán Martínez, miembro del Ejército, y Ygnacio Leocadio Espinal Martínez, chofer involucrado, son señalados como parte de una estructura delictiva dedicada a transportar ilegalmente a migrantes desde la frontera norte hacia Santiago, cobrando entre RD$8,000 y RD$17,000 por persona.
Muerte de 13 migrantes haitianos
Uno de los casos más trágicos ocurrió el 6 de agosto de 2023, cuando una yipeta que transportaba de forma clandestina a un grupo de migrantes cayó en un canal de riego en el tramo Peñuela-Navarrete. Las 13 víctimas fueron encontradas sin vida dentro del vehículo.
Avances de la investigación
La red criminal incluye al menos 17 integrantes identificados, entre ellos:
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José Andrés Cabrera Francisco (Jairo)
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Enmanuel Jiménez González (Jhon Manuel)
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Carlos Bladimir Cuevas Peña (Carlos Pistola)
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Ricardo Francisco Martínez González (Ricardito)
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Freddy Esmeraldo Gómez
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Ramona Salvadora Tapia Flores
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Víctor Valentín Álvarez Tapia (Valentín)
Otros se encuentran prófugos, como Jesús Antonio Rodríguez Álvarez (Nene), César Williams Fernández Toribio (Puli), y Juan Carlos Toribio Marte (Toribio), entre otros.
Equipo investigador
La investigación está liderada por las fiscales Yoanna Bejarán y Ginna Matías (PETT), junto a Quirsa Abreu (titular de Santiago) y Joanna García, con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Deidet de la Policía Nacional.
Sustento legal
La solicitud de coerción está basada en violaciones a:
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Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
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Ley 155-17, sobre Lavado de Activos.
El Ministerio Público sostiene que existen pruebas documentales, periciales y audiovisuales suficientes para sustentar la acusación contra los imputados.
